No todo es construir fábricas, pues todo lleva un riesgo, como en este caso donde Micron se enfrenta a una nueva demanda sobre las sustancias químicas de su planta en Nueva York que amenazan el río Oneida.
Detalles de la demanda y acusaciones medioambientales
Las organizaciones ecologistas y civiles «Neighbors for a Better Micron» y «Jobs to Move America» (Empleos para Mover América), las mismas que ya interpusieron otra querella el pasado mes de enero, han presentado una nueva acción legal.
- Validez de los permisos: El escrito presentado ante los tribunales sostiene que las licencias de vertido de aguas residuales y de emisiones atmosféricas concedidas por el estado de Nueva York son inválidas.
- Contaminación por PFAS: Los demandantes denuncian que dichos permisos permitirán la liberación de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), conocidas popularmente como «químicos permanentes», así como otros compuestos peligrosos directamente en el río Oneida.
- Falta de evaluación rigurosa: Según la demanda, los permisos se emitieron a pesar de haberse reconocido previamente importantes impactos ambientales, acusando al Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC) de posponer los análisis críticos, las medidas de control y las restricciones de contaminación para fases posteriores.
La querella señala directamente como acusados al DEC, a la propia Micron y al condado de Onondaga.
Aunque los PFAS son compuestos esenciales en numerosos procesos de fabricación de chips, los demandantes afirman que el sistema de permisos actual se limita a monitorizar la presencia de estos contaminantes sin aplicar medidas de control sustanciales.
Contexto legal y próximos pasos
Este nuevo frente judicial se suma al procedimiento abierto el pasado enero, en el cual las mismas organizaciones denunciaron que el proyecto eludió los procedimientos adecuados de revisión ambiental local.
Aunque Micron solicitó al juez la desestimación de aquel primer caso cuya vista oral está fijada para el próximo 25 de agosto, esta nueva demanda busca que los tribunales revoquen por completo las licencias de emisiones, obligando a reiniciar los estudios de impacto y exigiendo que los acusados asuman las costas legales.
fuente: ithome